Comunicado de la Marea Pensionista y el Colectivo Ronda

El Juzgado Social 12 de Barcelona ha dictado la primera sentencias en Cataluña que considera ilegal revalorizar las pensiones de jubilación con porcentajes inferiores al del IPC, tal y como hizo el Gobierno los años 2012 y 2013 y como contempla la Ley 23/13 reguladora del Factor de Sostenibilidad y del índice de  Revaloración de las Pensiones.

La sentencia considera, tal y como permanentemente hemos defendido desde el Colectivo Ronda, que España incumple con esta actuación las disposiciones del derecho internacional en materia de Seguridad Social y de garantía de suficiencia económica para las pensionistas.

La resolución, instada por 10 jubilados integrados en la llamada Marea Pensionista y representados por el letrado Jose Luis Moreno Leal del despacho Colectivo Mquia, obliga al INSS a abonar la diferencia entre el importe resultante de revalorizar las pensiones un 1% como hizo el ejecutivo los años 2012 y 2013 y lo que correspondería de haber aplicado el porcentaje real de IPC, situado en un 2.9%.

El pasado día 5 de mar, el Tribunal Constitucional español hacía pública la esperada sentencias donde se pronunciaba sobre la adecuación al contenido de la Carta Magna de la decisión del ejecutivo de revalorizar las pensiones de 2012 y 2013 en un 1%, por debajo del IPC y contra el redactado de la Ley General de la Seguridad Social, que hasta entonces vinculaba la actualización anual de las pensiones en este índice. Una actuación que, posteriormente, el gobierno llevaría mucho más allá con la Ley 23/13 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del índice de Revaloración de las Pensiones que definitivamente desvincula la revaloración de las pensiones del IPC introduciendo en sustitución de este método una compleja fórmula que supedita la actualización de las pensiones en todo tipo de variables macroeconómicas.

En su polémica sentencia, el TC consideraba que la revaloración de las pensiones no era un derecho sino meramente una expectativa de derecho que el gobierno podía decidir satisfacer o no, a pesar de la claridad del artículo 50 de la propia Constitución cuando afirma los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones contra salpicaduras y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los Ciudadanos durante la tercera edad.

Sentencias en suspenso

Miles de demandas judiciales interpuestas en todo el Estado para pensionistas -con especial protagonismo de las campañas desarrolladas en Cataluña por la denominada Marea Pensionista- contra la insuficiencia de la revaloración aplicada por el gobierno habían quedado en suspenso por iniciativa de los jueces que esperaban la resolución del TC antes de pronunciarse. Con esta sentencias, pues, parecía agotarse la vía judicial y, de hecho, se dictaron las primeras resoluciones que acogiéndose al criterio del TC desestimaban las peticiones de los pensionistas.

Es en este momento cuando Colectivo Ronda y la Marea Pensionista deciden ampliar las demandas interpuestas y pendientes de resolución para argumentar no nombres ajo que para nosotros constituye una violáceo de la Constitución sino también el incumplimiento por parte del Estado español de la normativa jurídica que se desprende de tratados internacionales suscritos por el Estado como es el Convenio 102 de la OIT y la Carta Social Europea. Hay que recordar que esta legislación supraestatal prima, por jerarquía normativa, sobre cualquier ley nacional, con la única excepción de la Constitución.

Incumplimiento de la normativa estatal

En su sentencias, la magistrada del Juzgado Social 12 de Barcelona considera que sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensionistas - tal y como sucede cuando las pensiones se revalorizan por debajo del IPC- el Estado vulnera el contenido de la Carta Social Europea que insta a los países firmantes a elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social. La actuación del gobierno, según la magistrada, tampoco respeta las directrices del Convenio 102 de la OIT que establece la obligación por parte de los Estados de revisar las cuantías de las pensiones para adecuarlas a posibles variaciones sensibles del coste de la vida .

Dura sentencia

En su resolución, la magistrada recoge fragmentos de artículos de diferentes catedráticos de Derecho profundamente críticos con la actuación del gobierno y el visto bueno otorgado por el Tribunal Constitucional en su forma de proceder. As, por ejemplo, se considera que la decisión de no garantizar el poder adquisitivo de las pensiones no puede encontrar amparo en referencias genéricas a una situación de crisis, dificultades económicas o necesidad de reducir el gasto pública sin incluir una sólida argumentación que demuestre el carácter ineludible de una medida que atenta gravemente contra la capacidad económica de un colectivo vulnerable como es la población pensionista. Más allá, se argumenta que el Estado español mantiene una presión fiscal por debajo de la media europea (32,6% por 40%) y dedica al pago de pensiones un porcentaje del PIB también inferior a la media de los países de la UE (10,7% en España; 13 en la UE), datos que podrían cuestionar el carácter de necesidad de la medida.

Un precedente?

Desde el Colectivo Ronda nos felicitamos por esta importante victoria judicial conseguida por los colegas del Colectivo Mquia una sentencia que admite, tal y como siempre hemos defendido, el carácter ilegal de las restricciones arbitrarias e injustificables que se están aplicando a las pensiones de millones de personas en España. Un camino iniciado con la decisión de revalorizar las pensiones por debajo del IPC y que ha continuado con el efecto dramático de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad que puede llegar a suponer una pérdida de poder adquisitivo acumulado de hasta el 28 % en los próximos 15 años, según se cumplan en mayor o menor grado las previsiones de evolución macroeconómica de España.